Las demandas interpuestas contra el Partido Comunista Chino ante cuatro tribunales federales estadounidenses van desde los 6 billones hasta los 32 billones de dólares.
Carlos Berbell | 20 Abril, 2020
La demanda colectiva presentada en Texas afirma que “El COVID-19 fue diseñado por China como un arma de guerra biológica”.
Hasta la fecha ya son cuatro las demandas colectivas interpuestas contra China ante tribunales federales de los Estados Unidos por no haber contenido el brote de coronavirus y no haber notificado a la comunidad internacional del peligro que representaba.
De las cuatro –Texas, Florida, California y Nevada– la más osada es la interpuesta por el abogado conservador Larry Klayman, su organización, “Freedom Watch” y la empresa Buzz Photos, a la que representa, ante el tribunal federal de Texas sobre la base –que tiene que probar– de que el gobierno chino desarrollo el virus como un arma biológica ilegal para esparcir sobre el mundo.
Klayman demanda al Partido Comunista Chino por 20 billones de dólares (18 billones 388 mil millones de euros) por su “temeraria e insensible indiferencia y por actos maliciosos”.
“No existe razón por la que el contribuyente americano deba, contrariamente a lo establecido en Washington, D.C., tener que pagar por el tremendo daño causado por el gobierno chino”, ha declarado Klayman. “El pueblo chino es un buen pueblo, pero su gobierno no lo es y debe pagarlo caro”.
La demanda alega que el COVID-19 fue creada por el gobierno chino como arma biológica y fue liberada por el Instituto de Virología de Wuhan, ubicado en Wuhan, China, donde se originó el brote de coronavirus.
“Aunque parece que el virus COVID-19 fue liberado en un momento no previsto e inesperado, fue preparado y almacenado como arma biológica para ser utilizado contra los supuestos enemigos de China, incluyendo, entre otros, al pueblo de los Estados Unidos”, afirma la demanda interpuesta por Klayman.
La empresa a la que representa –y a la que se están uniendo muchas otras en esta demanda colectiva– está especializada en fotografías de Institutos. Los confinamientos y las cancelaciones deportivas han llevado a Buzz Photos al borde del cierre.
Todo apunta a que el COVID-19 “se escapó” del Instituto de Virología de Wuhan: ¿Desarrollaban los chinos un arma de guerra biológica?
El relato oficial del origen del coronavirus no se sostiene. Aparecen voces con autoridad que lo ponen en tela de juicio y señalan al Instituto deVirología de Wuhan, ubicado en Wuhan, China, donde se originó el brote de coronavirus.
Sobre el papel, las posibilidades de éxito de las cuatro demandas interpuestas parecen remotas por la existencia de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera de 1976, que dispensa a los gobiernos extranjeros una inmunidad general frente a la mayoría de las demandas judiciales que contra ellos se puedan presentar en los Estados Unidos.
Sin embargo, hay ciertas excepciones. Una de ellas es la violación de convenciones y tratados internacionales.
“La razón por la que China no tiene inmunidad es porque alegamos que han violado convenciones y tratados internacionales en cuanto a la creación de lo que es, en efecto, un arma biológica terrorista”, argumentó Klayman a la revista Newsweek.
El abogado tiene ante sí el desafío de convencer a los jueces estadounidenses de que la conducta de China se ajusta a la definición de terrorismo internacional.
Una misión que muchos juristas estadounidenses creen imposible.
Klayman, por el contrario, dice contar con “denunciantes con conocimientos de primera mano”, que residen en su país y en Israel, que pueden contribuir a sustanciar con pruebas la supuesta participación de China en el brote viral del COVID-19.Sin embargo, hay ciertas excepciones. Una de ellas es la violación de convenciones y tratados internacionales.
FLORIDA
En Florida, la demanda colectiva ha sido interpuesta ante los tribunales federales del Distrito Sur de ese estado por el despacho Berman Law Group, que ha conseguido reunir a 10.000 perjudicados, entre los que se encuentran empresas, familiares de fallecidos por COVID-19 y sanitarios que se han contagiado por falta de equipos protectores.
La demanda del Berman Law Group contra el Partido Comunista China, al que acusa de negligencia, es por 6 billones de dólares (5 billones 516 mil millones de euros). Su estratega legal es Jeremy Alters.
“Estamos ahora en la profundidad de esta crisis económica y humana que podría haber sido evitada en su mayor parte, si no en su totalidad”, declaró Alters ayer al programa de televisión estadounidense “60 Minutes”.
“Esta demanda se basa en el hecho de que [China] conocía este virus. No lograron contener el virus. No nos informaron oportunamente sobre el virus y han desatado un infierno en nuestras comunidades, en nuestros países, en los Estados Unidos, Australia y en todas partes”, añadió.FLORIDA
CALIFORNIA
En este estado dos empresas inmobiliarias y un número de pequeños negocios han presentado otra demanda colectiva ante el tribunal federal en nombre de todas las pymes estadounidenses por la que solicitan una compensación de 8 billones de dólares (7 billones 355 mil millones de euros).
La firma de abogados que ha articulado esta demanda es The Tu Firm. Y la capitanea Hoang Tu, abogado de origen vietnamita, uno de los grandes especialistas en litigación, además de profesor universitario.
La demanda fue presentada al mismo tiempo que la de Florida. En la misma se acusa al Partido Comunista Chino de negligencia, alteración del orden público y responsabilidad estricta por realizar actividades ultrapeligrosas.
La última de las acusaciones contiene la afirmación de que un laboratorio de armas biológicas ubicado en Wuhan podría haber sido la fuente del virus.
La “falta de transparencia del gobierno chino hacia los ciudadanos, y el fracaso en afrontar la crisis de COVID-19 ordenando una cuarentena durante casi dos meses, fue fundamental para que se produjera una pandemia porque la infección se propagó de manera exponencial”, dice la demanda.
“Según los científicos, casi el 99% de las infecciones del mundo podrían haberse evitado si los demandados hubieran actuado correctamente a principios de diciembre de 2019”, señala.
El gobierno chino “participó en una campaña de falsedades, desinformación, encubrimiento y destrucción de pruebas”, afirma la demanda.
NEVADA
El impulsor de la demanda colectiva de Nevada es el abogado Robert T. Eglet, del despacho Eglet Adams, de Las Vegas, Nevada, quien, aunque no especifica la cifra, sí apunta a “billones de dólares”.
Eglet ha presentado la demanda colectiva en representación del propietario de un restaurante, una floristería, dos empresas inmobiliarias y una compañía de enseñanza de idiomas de Las Vegas, ante el tribunal federal de Distrito de Nevada, por los daños causados por el Gobierno chino, del que afirma que fue imprudente y negligente en la propagación del virus y que, además, ocultó información.
“Si hubieran sido transparentes con el mundo esto podría haberse detenido en Wuhan”, declaró Eglet, refiriéndose a la ciudad china identificada como el epicentro original del brote.
El mundo podría haberse reunido y haber llevado a los científicos adecuados a Wuhan y haberlo detenido allí mismo”, añadió, según AP.
El objetivo de Eglet es que esta demanda capte a un número elevado de demandantes, pequeñas empresas que, en Estados Unidos se elevan a más de 32 millones.
En esta demanda colectiva, Eglet señala la existencia de un comercio multimillonario entre los Estados Unidos y China, y afirma que las pequeñas empresas estadounidenses merecen ser indemnizadas por China, sus Ministerios, incluidos los de Salud y Asuntos de emergencia, y las autoridades de la provincia de Hubei y de la ciudad de Wuhan por negligencia, por crear lo que define como una molestia pública y por su “responsabilidad en la realización de actividades ultra-peligrosas”.
“Esta demanda colectiva se centra en las pequeñas empresas”, aclara.
“No está dirigida contra el pueblo de China. Nadie está culpando al pueblo de China y nadie está culpando a los chino-americanos. Son tan víctimas de las acciones e inacciones del gobierno chino como el resto del mundo”.
Eglet explicó, el pasado 24 de marzo, que el caso se basa en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera de 1976 y en la Ley Federal de los Estados Unidos “para actos fuera del territorio de los Estados Unidos que tengan un efecto directo en los Estados Unidos”.
댓글